Crece el malestar en Concepción del Uruguay por tasas municipales en facturas de ENERSA

En Concepción del Uruguay crece el malestar de los vecinos ante la inclusión de tasas municipales en las facturas de energía eléctrica emitidas por ENERSA. Usuarios sostienen que la electricidad es un servicio público esencial y que cada contribuyente debería abonar únicamente por el consumo realizado, sin agregados ajenos al servicio.

Actualmente, el municipio percibe tributos a través de la Tasa General Inmobiliaria (TGI), donde ya se incluyen conceptos como el alumbrado público. Sin embargo, en las boletas de luz también se incorpora el ítem identificado como “A.P.”, lo que genera cuestionamientos por una posible superposición de cargas.

El reclamo encuentra respaldo en la Resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, que establece que los comprobantes de bienes y servicios deben incluir exclusivamente conceptos vinculados al servicio contratado, sin sumas adicionales.

En este contexto, el Concejo Deliberante local —integrado por 13 ediles— es señalado por vecinos como el órgano responsable de representar, legislar y controlar este tipo de situaciones, en medio de crecientes demandas para revisar la normativa vigente.

El conflicto no es aislado. En Entre Ríos ya existen diversas causas judiciales en trámite impulsadas por usuarios y asociaciones de defensa del consumidor, que buscan declarar inconstitucional la inclusión de cargas fiscales en las facturas de servicios eléctricos. Algunas de ellas se desarrollan tanto en el ámbito provincial como en la Justicia Federal.

A su vez, el gobierno provincial firmó un Acta Acuerdo con municipios para reducir la alícuota de la contribución municipal, que se aplicará desde enero de 2026 con un tope del 6% sobre los ingresos de las distribuidoras por alumbrado público.

Mientras tanto, en la ciudad persisten reclamos por la falta de mantenimiento urbano: calles deterioradas, zonas inundables y luminarias que no funcionan. Frente a este escenario, vecinos exigen medidas concretas, entre ellas la eliminación de la tasa de alumbrado público de las facturas eléctricas, como forma de aliviar la carga económica que enfrentan hogares, comercios e instituciones.