Denuncia contra Gustavo Bastian por presuntas irregularidades en contrataciones municipales
El intendente de San José, Gustavo Bastian, quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que concejales del bloque Vecinalismo por San José denunciaran ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos presuntas irregularidades en procesos de contratación vinculados al alquiler y posterior compra de motoguadañas para el municipio.
La presentación, fechada el 12 de mayo de 2026 y dirigida al organismo provincial de control, sostiene que existió “una evidente falta de transparencia y violación a los principios de publicidad y libre concurrencia” en las licitaciones impulsadas por el Departamento Ejecutivo Municipal. Según el documento, las especificaciones técnicas incluidas en los pliegos habrían estado direccionadas hacia un proveedor determinado, limitando la participación de otros oferentes.
Los ediles denunciantes apuntan específicamente a la Licitación Privada 16/2024 y al Concurso de Precios 24/2025, además de los decretos de adjudicación correspondientes. De acuerdo al escrito, las condiciones exigidas coincidían de manera “idéntica” con la flota de motoguadañas perteneciente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Municipalidad de San José, organismo que finalmente resultó adjudicatario de las contrataciones.
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia radica en el presunto perjuicio económico para el municipio. Los concejales aseguran que la comuna abonó inicialmente 15 millones de pesos por el alquiler de diez motoguadañas durante seis meses y luego otros 5 millones por una prórroga de dos meses más. Sin embargo, sostienen que el valor de compra de equipos nuevos en ese momento rondaba los 10,1 millones de pesos, según referencias comerciales de la marca STIHL en la región.
La presentación también cuestiona la posterior adquisición de motoguadañas usadas por parte del municipio. Según detallan, la Municipalidad terminó pagando 9,5 millones de pesos por equipos usados que, nuevos, habrían costado alrededor de 14,1 millones. En total, la denuncia señala que entre alquiler y compra se desembolsaron aproximadamente 29,5 millones de pesos.
En el documento, los concejales sostienen que las acciones denunciadas podrían contravenir la Ley de Contrataciones del Estado y afectar “la sana competencia”, generando sospechas sobre el manejo de fondos públicos. Por ello solicitaron al Tribunal de Cuentas que inicie una investigación formal, realice una auditoría integral de los expedientes y suspenda preventivamente cualquier pago si se detectan irregularidades graves.
La denuncia lleva las firmas de los concejales del bloque Vecinalismo por San José y ya fue recepcionada oficialmente por el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, según consta en el sello de mesa de entradas fechado el 20 de mayo de 2026.
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