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Fiestas y eventos colonenses en peligro por iniciativa de LLA, radicales y peronistas

Con siete votos a favor y cuatro en contra, el Concejo Deliberante sancionó una normativa que obliga a evaluar la viabilidad económica de festividades y actividades financiadas con fondos municipales. La oposición acompañó el proyecto, mientras el oficialismo cuestionó su enfoque “exclusivamente financiero”.

El Concejo Deliberante de Colón aprobó este jueves una ordenanza que establece un nuevo marco regulatorio para la organización de fiestas y eventos financiados con fondos públicos, con el objetivo de garantizar su sustentabilidad económica y evitar pérdidas reiteradas.

La iniciativa, impulsada por el bloque de La Libertad Avanza, fue acompañada por concejales del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical —recientemente conformada como bloque independiente—, alcanzando así siete votos positivos frente a cuatro negativos del oficialismo de Juntos por Colón.
El proyecto ya había obtenido dictamen favorable en la Comisión de Todo el Concejo con el respaldo de los ediles opositores Hermes Roy Liberman y María Frencia (LLA), Andrea Becerra y Edgardo Luciani (UCR), y Patricia Irigoy y Carlos Leonardi (17 de Octubre). En contrapartida, fue rechazado por los concejales oficialistas Clarisa Benay, Javier Minatta y Leonardo Hellmers, con la ausencia de la concejal Karen Kuliat.

La ordenanza fija como eje central la evaluación económica de cada evento. Según el texto aprobado, toda actividad financiada con recursos públicos deberá presentar un cálculo financiero previo y un balance posterior que detalle ingresos y egresos, incluyendo patrocinio, venta de entradas, logística y costos operativos . Asimismo, antes de su autorización, cada evento deberá contar con un informe de viabilidad económica que será revisado por el Concejo o el órgano de control fiscal correspondiente.

Otro de los puntos clave establece que los balances deberán ser auditados por organismos externos independientes y publicados para garantizar transparencia. Además, la normativa dispone que si un evento registra pérdidas durante tres años consecutivos, deberá ser sometido a una evaluación que contemple su modificación, reducción o eventual suspensión .

No obstante, el texto también prevé excepciones: en caso de que una actividad tenga un impacto cultural, turístico o social significativo, el Ejecutivo municipal podrá justificar su continuidad mediante otros criterios y buscar alternativas de financiamiento .

Desde el oficialismo, las críticas se centraron en el enfoque de la ordenanza. En un dictamen por la minoría, advirtieron que el proyecto establece como “único criterio lo financiero económico”, sin contemplar plenamente el valor social de eventos tradicionales como la Fiesta Nacional de la Artesanía o actividades deportivas y recreativas gratuitas. También señalaron la falta de instancias claras de consulta pública y cuestionaron el acompañamiento de otros bloques a una iniciativa que, según sostienen, prioriza la rentabilidad por sobre el desarrollo cultural.

Por su parte, los impulsores del proyecto defendieron la necesidad de introducir herramientas de control y planificación para evitar que los eventos generen déficits sostenidos que afecten las finanzas municipales.

La ordenanza comenzará a aplicarse de manera progresiva, con una evaluación inicial de todos los eventos vigentes bajo los nuevos criterios, marcando un cambio en la forma en que el municipio de Colón administra y financia sus actividades públicas.

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