Organizaciones del sector discapacidad alertan sobre una grave crisis que amenaza el acceso a prestaciones esenciales. Denuncian maniobras de desfinanciamiento, falta de diálogo institucional y un discurso oficial que estigmatiza. Hoy, 4 de junio, se vota una ley de emergencia que podría ser clave para la supervivencia del sistema.
La atención a personas con discapacidad atraviesa un momento crítico en Argentina. En un contundente comunicado, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denuncia el desmantelamiento sistemático del sistema de prestaciones y reclama la urgente aprobación de la ley de emergencia que será tratada hoy en la Cámara de Diputados.
El documento apunta directamente al Gobierno Nacional y a sectores de obras sociales por promover un discurso que banaliza y estigmatiza a las personas con discapacidad. Según el Foro, frases como “¿Por qué yo tengo que pagar la atención de tu hijo con discapacidad?” reflejan una narrativa que no solo ignora el principio de solidaridad social, sino que busca instalar una mirada economicista y excluyente.
La crítica se focaliza en la gestión del Dr. Diego Spagnuolo, designado como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, a quien acusan de carecer de formación en la materia y de haber roto todos los canales de diálogo con organismos asesores y de la sociedad civil. “Desde noviembre no ha convocado al Directorio del Sistema de Prestaciones, órgano clave para la definición de aranceles y normativas”, denuncia el texto.
El comunicado también señala inconsistencias en el relato oficial respecto al financiamiento del sistema. Aunque se ha repetido que las prestaciones de discapacidad consumen el 90 % del Fondo Solidario de Redistribución, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso desmiente esa cifra, indicando que el verdadero impacto fue del 61,4 % en 2024. “¿Quién se queda con la plata?”, se preguntan las organizaciones, sugiriendo que la desfinanciación favorece a sindicatos y prepagas, quienes tendrían más margen de maniobra presupuestaria gracias a los recortes en discapacidad.
La situación se agrava aún más si se considera que las prestaciones llevan un atraso arancelario del 73 %, mientras las prepagas recibieron autorizaciones para aplicar aumentos por encima del índice de inflación. “No se trata de motosierra para proteger al Estado, sino de negocios que favorecen a unos pocos”, sentencia el comunicado, que incluso menciona la necesidad de investigar los vínculos entre el ministro de Salud y empresas del sector privado como Hominis.
La ley de emergencia que hoy se debate busca compensar el daño causado al sistema con un impacto estimado del 0,03 % del PBI. Una inversión mínima, según los firmantes, para sostener un servicio esencial que atiende a más de 250.000 personas que no hallan respuesta en el sistema público.
“¡Que sea ley!”, concluyen, en un grito que no solo busca resguardar derechos, sino evitar que la falta de voluntad política condene al olvido a uno de los sectores más vulnerables del país.
El presidente recordó que en el pasado hubo situaciones que podrían haber sido mejor gestionadas con el país vecino
